Redaccion El Tequeno Miles de familiares de presos políticos en Venezuela viven con incertidumbre mientras la Asamblea Nacional debate una ley de amnistía que, según sectores del oficialismo, abriría la puerta a excarcelar a personas que hayan cometido delitos desde 1999.
Sin embargo, activistas y organizaciones de derechos humanos observan el texto con preocupación, porque por ahora excluye a decenas de reos y obliga a los beneficiarios a reconocer hechos que niegan haber cometido.
Los diputados aprobaron esta semana por unanimidad y en segunda lectura hasta seis artículos de la denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, si bien se estancaron en el séptimo, debido a fuertes discrepancias entre el oficialismo y la oposición, ante la posibilidad de que los beneficiarios se tengan que poner “a derecho”, es decir, a disposición de las autoridades pertinentes.
Esto implica, a efectos prácticos, que aquellas personas que se exiliaron por la persecución deban volver al país y se presenten ante la Justicia para reconocer estos presuntos delitos. Se espera que la discusión de la ley avance en el Parlamento el próximo martes, 17 de febrero, si bien para las ONG este artículo representa una desvirtuación del significado mismo de amnistía.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos lamentó recientemente que la legislación, tal y como está redactada, traslada a las familias y a las propias víctimas “la carga de explicar detenciones arbitrarias que fueron ejecutadas por un sistema de justicia que conoce, o debería conocer, las razones políticas que motivaron dichos encarcelamientos”.
“Estas prácticas no hacen sino incrementar expectativas y prolongar la incertidumbre, en un contexto marcado desde el inicio por irregularidades y denuncias reiteradas”, señala, agregando que desde que el texto fue difundido de manera “informal”, han surgido dudas alrededor de sus “exclusiones, riesgos e insuficiencias”.
Las ONG también han sido críticas con la exposición de motivos, que fue publicada oficialmente por la Asamblea dos días después de ser aprobada en primera lectura por los diputados y difundida en redes sociales por activistas, periodistas y abogados.
Al igual que en el articulado de 13 puntos, la exposición de motivos presenta numerosas contradicciones que inciden en la revictimización de los presos, ya que recurre al concepto de “clemencia soberana” -que “implica la existencia previa de responsabilidad o culpa”- y, por tanto, “desnaturaliza” la amnistía, según la Asociación Acceso a la Justicia.
“La confrontación política desde el extremismo ha dejado heridas profundas en la sociedad venezolana y es deber del Poder Legislativo, en uso de su competencia constitucional (Artículo 187, numeral 5), dictar medidas que sirvan para reparar dichas heridas”, reza el documento, que alude a la palabra “extremismo” sin especificar qué considera como tal.
Sobre el alcance de la ley
Pese a que las autoridades han manejado con opacidad el texto, las ONG han aplaudido que el responsable de la comisión de la Asamblea Nacional encargada de la supervisión de la ley, el diputado Jorge Arreaza, se haya reunido con sectores de la sociedad civil para recibir aportes sobre la medida.
De hecho, uno de los planteamientos realizado por una ONG ha llevado a que los diputados hayan aprobado cambios al artículo 5, que alude a que, en caso de dudas ante la interpretación de la ley, “se adoptará aquello que más favorezca el respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos”. A este párrafo se le ha añadido el principio de “in dubio pro reo”, es decir, lo “más favorable al imputado”.
No obstante, sigue habiendo críticas por el alcance de la legislación, que dejaría fuera a personas que hayan cometido “violaciones graves a los Derechos Humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, homicidio intencional, tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, así como “delitos contra el patrimonio público”.
La ley excluye así el delito de homicidio, dentro del cual se ubica el magnicidio como forma calificada, lo que podría dejar fuera a militares detenidos o exiliados vinculados con el intento de asesinato de Nicolás Maduro en 2018 durante un acto oficial en Caracas o con la llamada ‘Operación Gedeón’ para derrocar al Gobierno chavista.
En concreto, los delitos a los que se refiere la amnistía abarcan desde el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigor de la ley, si bien la redacción anterior del texto limitaba el periodo a hechos y años específicos entre el golpe de Estado de abril de 2002 contra el expresidente Hugo Chávez y las protestas que estallaron en el país tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Desmantelar el marco legal venezolano
El texto, que se presenta como una forma de reconciliar al país, no alude a otras cuestiones relevantes, como la reparación de las víctimas, si bien en la última revisión se ha añadido una disposición que determina que se favorecerá “la reintegración a la actividad pública” de los beneficiados y que se garantiza la no repetición de los hechos objetos de la amnistía.
María Eloísa Quintero, experta miembro de la Misión de Determinación de los Hechos de Venezuela, recordó que no debe olvidarse “la rendición de cuentas”, ya que “ninguna transición sostenible puede construirse sobre la impunidad”.
En este sentido, instó además a llevar a cabo “reformas estructurales para desmantelar el marco legal” venezolano, así como “las prácticas que han permitido la persecución por motivos políticos, a fin de prevenir nuevas detenciones arbitrarias y otras violaciones de Derechos Humanos”.
Por otro lado, queda pendiente qué pasará con aquellas personas relacionadas con el Gobierno de Maduro que hayan cometido graves violaciones de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad contra la población venezolana, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y otras privaciones arbitrarias de la vida; tortura; tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como violencia sexual y de género.
