La precariedad salarial que golpea al sector educativo venezolano se refleja con fuerza en los Altos Mirandinos, donde los docentes han debido asumir oficios paralelos para sostenerse.
La diversificación forzada de actividades, que va desde ventas informales hasta trabajos técnicos, evidencia un deterioro económico que ya afecta la estabilidad emocional de los educadores y la formación de las nuevas generaciones.
El fenómeno se repite en testimonios como el de Virginia Rodríguez, docente de 56 años, quien recuerda que hace dos décadas una quincena le permitía llevar a su hija a comer, comprar ropa o adquirir electrodomésticos.
Hoy, tras 21 años de carrera, recibe 250 bolívares quincenales, monto que no cubre ni un día de pasaje en transporte público. Para sostenerse, combina clases en planteles públicos y privados con la venta de pan y dulces desde su casa.
La maestra Carmen Viloria, de la escuela de San Diego de los Altos, también ha tenido que recurrir a la costura, la cría de pollos y la elaboración de dulces de leche para cubrir necesidades básicas que superan los 700 dólares mensuales según el Cendas-FVM.
Otro educador, Luis Pérez, alquila su moto para mototaxi y trabaja en instituciones públicas y privadas. Afirma que los docentes “tienen que hacer de tripas corazones” para comprar alimentos, útiles y hasta materiales de trabajo.
Las cifras acompañan la crisis. Según el Sindicato Venezolano de Maestros, casi la totalidad de los docentes activos realiza actividades complementarias para compensar los salarios vigentes desde 2022.
La falta de relevo profesional agrava el panorama. En julio de 2025, el Instituto Pedagógico de Caracas graduó solo un profesor de Matemática. Estudios del Centro de Innovación de la UCAB revelan que entre 2018 y 2021 salieron del sistema unos 196.300 docentes. Mientras la Federación Venezolana de Maestros calcula un déficit de 225.000 educadores, el gobierno reconoce 50.000.
La matrícula en carreras de Educación también se desplomó: de 117.000 estudiantes en 2008 a menos de 3.000 en 2025.
Ante la escasez, las autoridades han recurrido a mecanismos extraordinarios como la incorporación de jóvenes de la Misión Chamba Juvenil o el llamado a docentes jubilados. El riesgo, advierte Ramírez, es que las aulas terminen ocupadas por personal sin formación pedagógica, comprometiendo la calidad educativa y el futuro de los estudiantes.
