El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra Ignacio Alberto Silva, conocido como “Nacho”, señalado de haber agredido sexualmente a una adolescente de 13 años en una finca ubicada en la parroquia Altagracia de la Montaña, municipio Guaicaipuro.
El hecho ocurrió el viernes 18 de julio, cuando Silva pidió permiso a los familiares de la menor para que lo acompañara a la parcela donde trabaja como administrador, bajo el pretexto de que cuidaría a sus dos hijos mientras realizaba reparaciones durante el fin de semana, reportó Avance.
La joven, futbolista y residente de Cumbre Roja, regresó a casa al día siguiente con una actitud retraída que encendió las alarmas entre sus familiares. Tras varias horas de insistencia, la adolescente reveló que había sido víctima de agresión sexual por parte de Silva.
Ese mismo sábado 19 de julio, los familiares acudieron al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para formalizar la denuncia. Sin embargo, hasta la fecha —más de tres semanas después— el presunto agresor continúa prófugo.
“Ya han pasado 21 días y ese hombre sigue huyendo”, denunció Mariangeli Gudiño, hermana de la víctima. “A pesar de haber proporcionado pistas sobre su paradero, no se han tomado acciones concretas. En lugar de investigar, el Cicpc se ha limitado a enviarnos mensajes preguntando lo que sabemos sobre el abusador y su ubicación”.
Gudiño calificó de desconcertante la actuación de los cuerpos de seguridad. “Ellos cuentan con los medios y herramientas necesarios para investigarlo. Nos pidieron paciencia y confianza, pero a estas alturas, hemos perdido esa confianza”.
Según relató, el mismo día de la denuncia los funcionarios del Cicpc alegaron no poder acercarse al domicilio del acusado por falta de vehículo. Ante la inacción, los familiares acudieron a la Fiscalía, donde fueron citados para aclarar aspectos del expediente.
“Allí nos informaron que la orden de aprehensión no podía ser solicitada porque faltaba el resultado de la evaluación psiquiátrica de la menor, a pesar de que ya se había realizado días antes”, explicó Gudiño. “No comprendemos por qué no estaba disponible en el expediente. Finalmente, con la ayuda de la Fiscalía 12, logramos obtener el documento y avanzar en el proceso”.
La familia exige que se tomen acciones urgentes para garantizar la seguridad de la adolescente y que se haga justicia. “Solicitamos atención integral para la niña y que se actúe con rapidez. No puede haber más demoras”, concluyó.
