La Confederación Sindical Internacional (CSI) ubicó a Venezuela en el nivel 5 del Índice Global de Derechos (IGD) 2025. En esa categoría están las naciones donde los trabajadores no gozan de plenas garantías para ejercer libremente sus actividades sindicales.
La clasificación ratifica que el país continúa inmerso en un patrón de represión sindical, criminalización del disenso laboral y ausencia de instituciones que protejan efectivamente los derechos de las y los trabajadores.
En su anterior informe, correspondiente a 2024, la CSI había reclasificado a Venezuela del nivel 4 (violaciones sistemáticas de los derechos) al nivel 5, afirmando que “las autoridades han seguido persiguiendo a los sindicalistas mediante detenciones arbitrarias y condenas por cargos falsos, mientras que la organización sindical y los derechos se han seguido obstaculizando”, y que Venezuela estaba entre los países donde “las detenciones arbitrarias y los procesamientos de sindicalistas, con el objetivo de silenciar al movimiento sindical independiente, han sido prácticas habituales”.
En ese mismo informe se advirtió que, en Venezuela, junto a Guinea-Bissau, Kirguistán, Nigeria, Tanzania y Yemen, los cuerpos de seguridad del Estado realizaron allanamientos en sedes sindicales, con la intención de sustituir a sus dirigentes por personas cercanas al Gobierno.
Según el IGD 2025, Venezuela permanece entre los países donde “las detenciones arbitrarias y los procesamientos de sindicalistas, con el objetivo de silenciar al movimiento sindical independiente, han sido prácticas habituales”.
El informe también advierte que las autoridades han seguido utilizando el sistema judicial para perseguir a trabajadores organizados mediante acusaciones falsas, detenciones sin debido proceso y sentencias sin garantías. Venezuela fue incluida junto a Belarús, Camboya y Myanmar como uno de los países donde estas prácticas se han vuelto sistemáticas y sin control institucional.
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