Redaccion El Tequeno El principal periódico del estado Miranda, Diario La Voz, acumula 561 días cerrado tras una cadena de actuaciones administrativas y judiciales que sus representantes califican como arbitrarias y de motivación política.
La clausura se mantiene desde octubre de 2024, cuando funcionarios del Seniat cerraron todas sus oficinas en la entidad pese a que —según la empresa— los comprobantes de pago de ISLR, IVA y demás recaudos solicitados estaban dentro de las instalaciones selladas.
Durante ese mes, funcionarios del organismo tributario acudieron a las oficinas administrativas y exigieron la entrega de documentos correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024. Días después, “por órdenes de arriba”, procedieron a clausurar todas las sedes bajo el argumento de que no se habían consignado los recaudos, aun cuando —según la empresa— estos quedaron retenidos dentro de los espacios cerrados.
La sanción vino acompañada de un paquete de medidas cautelares consideradas desproporcionadas por el Grupo Editorial Matul 1999 C.A. e Inversiones Inmobiliarias Fontainegrees C.A., así como por sus accionistas: prohibición de enajenar y gravar, inmovilización de cuentas bancarias y vehículos, suspensión del uso de tarjetas de crédito, embargo preventivo de bienes muebles, prohibición de salida del país y de zarpe, además de la suspensión de devoluciones tributarias.
Tras agotar los recursos administrativos, la empresa acudió al Tribunal Superior Sexto en lo Contencioso Tributario con una solicitud de amparo constitucional para reabrir las oficinas y recuperar los recaudos. El 16 de diciembre de 2024, el tribunal ordenó al Seniat abstenerse de mantener las clausuras y restituir el acceso al portal fiscal, manteniendo otras medidas restrictivas.
El 16 de enero de 2025, amparados en esa decisión, representantes del diario abrieron las oficinas a puertas cerradas para recopilar pruebas. Funcionarios del Seniat se presentaron ese mismo día, desconocieron la sentencia y procedieron nuevamente a clausurarlas.
A partir de ese momento, Emilio Materán, vicepresidente del Diario La Voz; la consultora jurídica Blanca Suárez; y José Materán, presidente, fueron citados al DGCIM e interrogados por un presunto soborno al juez que dictó la sentencia. Según la empresa, durante mes y medio fueron citados casi a diario. El 25 de febrero, Emilio Materán fue autorizado a retirarse, pero la abogada Suárez quedó detenida y sometida a juicio sin que —según la defensa— existieran elementos probatorios.
El 4 de febrero de 2025, la empresa introdujo un nuevo expediente ante el Tribunal Noveno en lo Contencioso Tributario, consignando los recaudos solicitados y pidiendo otro amparo. Tras ser admitido, el caso fue acumulado al expediente previo y remitido a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo. El 23 de julio de 2025, el magistrado ponente Malaquías Gil Rodríguez dictó sentencia dejando firmes los actos administrativos del Seniat.
Las medidas cautelares siguen vigentes, las oficinas continúan clausuradas y los trabajadores permanecen en un limbo laboral.
En paralelo, el juez que había dictado la sentencia parcialmente favorable al diario fue detenido junto a la abogada Suárez, también sin que —según la defensa— existieran pruebas en su contra. Ambos solicitaron la aplicación de la Ley de Amnistía, pero las peticiones fueron negadas.
De forma inesperada, el viernes 27 de marzo de 2026, a las 11 de la noche, fue convocada una audiencia sin previo aviso que concluyó con una sentencia absolutoria para la abogada Blanca Suárez y el juez. Tras un año y un mes detenida en el Centro de Formación La Crisálida, Suárez fue liberada la tarde del sábado 28 de marzo de 2026.
La empresa espera ahora la publicación formal de la sentencia para evaluar sus implicaciones sobre el caso del Diario La Voz y avanzar hacia su eventual reapertura.
