Redaccion El Tequeno El 23 de marzo se cumplen tres años de una de las tramas de corrupción más grandes develadas en la industria petrolera: Pdvsa Cripto, bautizada así por el fiscal Tarek William Saab por el desfalco a la estatal a través del desvío de dineros por criptoactivos.
Por Tal Cual
Las cifras involucradas en la trama de corrupción van desde 5.500 millones hasta 16 millardos de dólares, según los cálculos de organizaciones privadas. Sin embargo, oficialistas como el diputado Hermann Escarrá (PSUV) han señalado un desfalco de 23 millardos de dólares.
Pese a la magnitud del caso, el proceso judicial contra algunos de los implicados en la presunta trama -más de 60 según las últimas informaciones del Ministerio Público- apenas superó la audiencia preliminar el pasado mes de octubre, vía audiencia telemática.
Esa es la situación de los choferes Luis Daniel Guzmán y Jean Meyer. Ambos fueron detenidos por la Policía contra la Corrupción el 29 de marzo de 2023 en Las Mercedes (municipio Baruta, estado Miranda) mientras cumplían su horario como conductores de Daniel Prieto, señalado por las autoridades como testaferro del exdiputado Hugbel Roa y su esposa, Diana Carolina De Oliveira.
En el caso de Miguel Irigoyen, quien apenas tenía laborando tres meses para estas personas, lo llamaron del Sebin Helicoide para que entregara el vehículo y una vez en el lugar fue arrestado.
Desde entonces, los jóvenes han atravesado un proceso sin las garantías judiciales debidas, según denuncian sus familias. En octubre pasado, a los afectados les hicieron la audiencia preliminar vía telemática, confirma Marieglys Guzmán, hermana de Luis Daniel Guzmán.
El Tribunal Segundo contra el Terrorismo ordenó su pase a juicio por los presuntos delitos de “distracción de dinero”, “violencia a la nación”, “conflicto de empresarios”, “asociación para delinquir” y “obstrucción en la administración de la justicia”.
“Mientras ellos estuvieron aquí en Caracas no los llevaron a tribunales, no se hizo ninguna investigación. Solo fueron detenidos, llevados al Helicoide, luego a La Yaguara, de allí a Zona 7 y luego los trasladaron a Barquisimeto, todo sin el debido proceso. Violación absoluta del debido proceso”, explica.
A los documentos entregados en el Ministerio Público, Defensa Pública y la Defensoría del Pueblo tampoco han obtenido respuesta. “Lo que nos han dicho los abogados que se buscaron es que es un caso en que nadie se quiere meter porque es un caso político”, destaca Guzmán.
El pasado 25 de agosto fueron trasladados a la cárcel de Fénix Lara, ubicada en Barquisimeto.
“Es una situación fuerte cuando los trasladan al penal porque ahí ellos no comen bien, hay muchos hombres dentro de la misma celda, los golpean por todo. Yo tengo una hija pequeña que ha sufrido mucho porque tiene tres años sin verlo. Injustamente está detenido por trabajar, no hacía otra cosa sino trabajar”, expresa Lexys Sandoval, madre de Miguel Irigoyen.
Las visitas en la cárcel Fénix Lara no son fijas. Reciben la llamada, de un día para otro, informando que pueden visitar a sus detenidos, detalla Sandoval. “En ese momento tenemos que salir corriendo, sacar dinero de dónde no tenemos para el pasaje y llevarles algunas cosas, aun así no todo lo dejan pasar”.
Guzmán indica que la comida en el penal es “desagradable” y tampoco cuentan con agua corriente la mayor parte del tiempo. “Podemos compartir tres o cuatro horas, lo que ellos nos permitan. Los familiares de Jean Meyer son ancianos, viven en Mérida y no han podido visitarlo en estos tres años. Nosotras les brindamos el apoyo en lo que podemos”.
Lo que dicen las autoridades de Pdvsa Cripto
La Fiscalía General de la República ha dicho que por el caso Pdvsa Cripto, que involucra a entes del Estado, altos funcionarios públicos y empresarios del sector privado, se han ejecutado más de 60 detenciones entre 2023 y 2024 tras la delación de varios de los involucrados.
Asimismo se han incautado al menos 682 activos entre apartamentos, oficinas, terrenos, haciendas, carros y vehículos de lujo, aeronaves, entre otros.
Según el fiscal Tarek William Saab, haciendo referencia a delaciones de testigos, el exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa, Tareck El Aissami, a través de sus hombres de confianza Joselit Ramírez (entonces superintendente de la Sunacrip) y Hugbel Roa (exdiputado del PSUV), asignaba directamente buques de crudo, para luego movilizar lo obtenido por su comercialización sin dejar rastro. Se valían de empresas de maletín y pagos en criptomonedas.
“De esta manera controlaban el acceso a divisas en el mercado nacional, lo que les permitía especular con el mercado cambiario”, afirmó en 2023 el fiscal.
Los cobros por comisiones ilegales llegaban a 15% sobre el monto negociado de las contrataciones a dedo de las embarcaciones de crudo y a otros contratistas no petroleros. Igualmente, para asegurar los envíos de crudo se cobraba el barril a 50% de su valor de mercado.
Sin embargo, una buena cantidad de esos cargamentos no fue contabilizada en el sistema informático de Pdvsa. Otra parte de los recursos se negociaron directamente con criptomonedas, una herramienta financiera de difícil rastreo e independiente al sistema bancario internacional. Todo ello ocurrió mientras Antonio José Pérez Suárez ocupaba la vicepresidencia Comercio y Suministro de Pdvsa.
El Ministerio Público no ha informado sobre el estatus judicial de este caso o si se han ejecutado nuevas detenciones o incautaciones. El monto total del desfalco a Pdvsa, montos recuperados (de existir) o en qué fueron utilizados todos los bienes incautados también se desconoce.
Sin derecho a la defensa
Marialis Roa, hermana de Hugbel Roa, exige al Ministerio Público que se respeten los derechos fundamentales del exdiputado. “Es un venezolano más al que se le han vulnerado sus derechos desde el día uno. No le dan derecho a la defensa, las condiciones del Rodeo I no son óptimas. De 105 kilos pasó a 60 kilos y con diferentes patologías desde que está allí”.
Al igual que otros parientes, la hermana de Roa no ha podido acceder al expediente del caso. “Nosotros fuimos a la Defensa Pública el 19 de enero, y de allí salimos pateadas. Nos dijo que no podía empatizar mucho con los familiares porque lo cambiaban, ni siquiera se acordaba del caso de mi hermano, que no sabía nada y eso iba a juicio algún día”.
El exdiputado del PSUV estuvo recluido en el Sebin Helicoide desde el 19 de marzo de 2023. El 4 de abril de 2025 fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad Rodeo I, donde se presume también se encontraría apresado el exministro Tareck El Aissami, según han dicho familiares de presos políticos al denunciar el “ventajismo” respecto a visitas y entrega de paquetería en favor del exjefe de la cartera de Petróleo.
Roa dice que su hermano “les dicen que está bien, pero sabemos que no es así. Menos en las condiciones del Rodeo, una cárcel de máxima seguridad, donde hablas por medio de un vidrio, por teléfono con tres custodios detrás de él y dos custodios detrás tuyo… Sabemos que incluso sus condiciones mentales no están a cabalidad”.
En una evaluación médica, fechada en octubre de 2024, se le detectó hipertensión arterial, claustrofobia, un síndrome por COVID-19 y reacciones de pánico.
Marialis Roa reitera su petición de “justicia” en el caso Pdvsa Cripto. “Tienen engavetado el caso, que nos atiendan a los familiares”.
