Redaccion El Tequeno El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) presentó un balance sobre la respuesta del régimen chavista a un mes del doble terremoto del 24 de junio, en el que documentó un Estado rebasado: ausencia de autoridades en las primeras horas, opacidad en el manejo de la información oficial y refugios sin planificación clara.
La organización expresó su dolor por el fallecimiento de tantos ciudadanos a causa de los sismos y su solidaridad con las familias que atraviesan el dolor por la pérdida de seres queridos, el desplazamiento y la incertidumbre.
Según PROVEA, la respuesta estatal reveló las fallas estructurales de la institucionalidad venezolana, con un comportamiento errático, ausencia de autoridades nacionales, regionales y locales en las primeras horas, y miles de personas en total desasistencia. La organización sostuvo que la falta de planificación para la atención de los refugios y la opacidad en el manejo de la información durante las primeras 72 horas no son meros errores técnicos, sino una forma de negligencia que quiebra la confianza institucional.
PROVEA advirtió que la recuperación de las zonas afectadas exige reconstrucción de infraestructura crítica y de viviendas, atención a los damnificados, planificación urbanística y normas de construcción sismorresistente, y sostuvo que esta crisis no puede abrir un paréntesis en la lucha por la democracia, sino que representa una oportunidad para hacer las cosas bien.
La organización afirmó que existe un clamor transversal en la sociedad venezolana por retomar el camino de la Constitución y restaurar el Estado de derecho, y subrayó que la reconstrucción nacional exige pasar de un Estado que persigue y controla a uno que protege y sirve.
Lecciones de Vargas 1999
PROVEA advirtió sobre los errores cometidos tras la tragedia de Vargas en 1999, cuando la separación forzada de núcleos familiares, la imposición de dinámicas militares en la atención y graves violaciones a los derechos humanos marcaron un precedente que, según la organización, no debe repetirse. Calificó además el monopolio estatal de la ayuda humanitaria como una política que atenta contra la vida y los derechos de quienes más necesitan asistencia.
